El gerente discreto

No hace mucho Daniel García Andujar escribía en su cuenta de facebook: “Hay quienes hacen un mal uso de los recursos públicos o colectivos, también los que abusan de ciertas posiciones privilegiadas buscando un beneficio personal y privado ajeno al bien común, trasgrediendo así los compromisos adquiridos al asumir sus funciones. A todos estos los llamamos generalmente corruptos, en sus innumerables variantes, los despreciamos y señalamos con el dedo. Pero también están todos aquellos que cobijan a los corruptos, les dan cobertura, los protegen o simplemente favorecen un clima de opinión que genera un ambiente social de permisividad inadmisible con la excusa de que la picaresca y el engaño son intrínsecos a nuestro carácter mediterráneo. / ¿Cómo llamamos a estos últimos?”

La idea señala una realidad mucho más difícil de desarraigar que la corrupción política, pirotécnica y desvergonzada, a la que nos acostumbran los medios de comunicación. Lo que apuntan esas palabras de Daniel es esa otra corrupción intermedia, alojada en el silencio. Sabemos que la corrupción es una tarea que necesita cómplices, y muchos de ellos son parte del personal de nuestras administraciones, cuyos cargos intermedios fueron una donación del partido o resultado de una fidelidad presupuesta. Pero antes de iniciar una sospecha indiscriminada, habría que identificar algunas especies especialmente dañinas en ámbitos de la administración pública donde ese fenómeno se verifica. De entre las figuras que podríamos delatar, queridos amigos de la fauna ibérica, existe una familia de gestores especialmente destructiva y que resulta difícil de ver. Me refiero a los gerentes, contables, administradores y cargos relacionados con las tesorerías y las consejerías de la hacienda pública. En ocasiones son personajes ligados a fundaciones o cargos de confianza que, en definitiva, llevan las cuentas y susurran al oído de los cargos electos lo que se puede gastar. En esto, Bárcenas no deja de ser un arquetipo. Éstos a los que me refiero son también como pequeños Bárcenas, pero trabajan en silencio en las administraciones que son de todos, y nunca tendrán sus 15 minutos de gloria mediática. En el contexto de la crisis han cobrado una importancia sin precedentes.

No es que sean los responsables de cerrar el grifo, sino que ejecutan mandatos generales en contextos específicos, y están actuando como interventores o auditores autorizados por el pánico de los políticos a ser expuestos a ese otro escarnio mediático. Al ocuparse de esa intervención fáctica de las otras instituciones que dependen de las consejerías y delegaciones de hacienda, están generando un efecto administrativo sin precedentes con situaciones de verdadera irracionalidad. La casuística derivada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se ha traducido en el más puro absurdo administrativo, obstaculizando y paralizando el funcionamiento de las instituciones que dependen del dinero público. Podría parecer una consecuencia coherente con los recortes, sin embargo, contiene un matiz diferente: no es sólo que no haya mucho dinero, sino que no se puede hacer nada con el poco que hay. No pueden cerrar esas otras instituciones a las que afectan sus decisiones, pero sí convertirlas en entidades vacías por dentro. No cabe duda de que esa especie es depositaria de importante información y seguramente secretos ajenos, pero no podemos permitir que su perfil profesional, indiferente a los imperativos funcionales y a cualquier otra consideración que difiera la cuenta de resultados, acabe por comprometer la eficacia de todo lo demás. Se trata, por añadidura, de personajes que han hecho manifiesta su hostilidad al gasto de dinero público en el ámbito cultural, que sospechan de los sectores profesionales de la educación y la sanidad, que hacen efectivas sus creencias aprovechando el alcance creciente de sus puestos. Supongo que habrá personas honradas incluso entre ellos, pero valdría la pena dar a conocer quiénes son esos cargos intermedios, amparados por la resaca de una responsabilidad perdida por los cargos públicos, una responsabilidad que acaba recayendo en ellos sin que lleguen a rendir cuentas.

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